Obligaciones del fabricante o importador ante el descubrimiento de desperfectos. Las llamadas RECALLS.

Obligaciones del fabricante o importador ante el descubrimiento de desperfectos. Las llamadas RECALLS.

Se denomina “Recall” al proceso de llamamiento o aviso que realizan fabricantes o importadores, cuando luego de la introducción de un producto al mercado, se descubre en el mismo un desperfecto que puede resultar potencialmente riesgoso a la salud y seguridad de los usuarios. A través del presente, abordamos este tema, que entendemos de especial interés desde el punto de vista de las posibles prácticas empresariales que pueden adoptarse a efectos de evitar eventuales reclamos y/o conflictos.

Hasta el momento en Uruguay se trata de un fenómeno que no cuenta con una reglamentación específica que las empresas se vean obligadas a cumplir. Sin embargo, un reciente proyecto de regulación plantea revertir la situación actual, incorporando el nombre de nuestro país en la lista de aquellos en los que hay un procedimiento de información o aviso rigurosamente pautado, con organismos competentes para controlar el cumplimento por parte de fabricantes e importadores que advierten la existencia de desperfectos en sus productos.

En general, los defectos pueden tener dos tipos de orígenes. Por un lado, aquellos que se refieren a productos particulares, donde los defectos son causados por una falla involuntaria en el proceso de producción, sea por los materiales empleados, el ensamblaje de los mismos, o bien generados durante la distribución. Por otro lado, existen aquellos defectos que afectan a toda una clase de productos y que se originan en la forma como el producto fue concebido y puesto en el mercado. Es un defecto en el diseño de los productos en sí mismos, lo cual tiene como consecuencia la afectación de todas o varias de las unidades individuales fabricadas.

En ambos casos, estamos frente a hipótesis de desperfectos que no fueron causados con intención, escondiéndose los mismos de los ojos de los futuros compradores. Hablamos de hipótesis de verdaderos vicios ocultos, no percibidos antes de la venta de los mismos.

¿Los fabricantes o importadores están obligados a hacer “recalls”?

La obligación de realizar estos “Avisos de Riesgo” se encuentra actualmente en una tendencia expansiva. En América Latina, la mayoría de los países reglamenta el derecho de la información y los llamados “Riesgo de desarrollo” en su legislación civil o en leyes específicas de defensa del consumidor. Sin embargo, al no disponer algunos países de una estructura de información clara que haga efectivo el derecho de los usuarios y el deber de los proveedores de productos de informar, se ha mantenido en general, simplemente como una buena práctica voluntaria y eventual que realizan algunas empresas a modo de demostrar “buena fe” y compromiso con sus clientes, en una manifiesta intención de provocar la menor proporción de daño posible.

En cambio, tanto en Estados Unidos como en gran parte de Europa, existe una reglamentación más estricta del deber de comunicar a la autoridad competente creada a esos efectos; así como de adoptar acciones correctivas para lidiar con el riesgo identificado.

Estas regulaciones se dan por medio de leyes o reglamentos, tanto en forma general para todos los productos, como clasificadas según el tipo de producto del que se trate (vehículos, alimentos, bebidas, medicamentos, entre otros). Los procedimientos previstos son variables, en función de la gravedad del riesgo generado; siendo en oportunidades suficiente con el aviso directo a los clientes cuando se ha podido llevar un registro de los mismos. Sin embargo, cuando la naturaleza del producto no permite este control, la medida típica es la advertencia a los usuarios por medio de campañas de información a través de medios masivos: periódicos, televisión, radio, redes sociales, y otros; por un plazo prudencial de acuerdo con la gravedad del peligro.

En estas regulaciones, el no cumplimiento a la obligación de informar suele tener como consecuencia la obligación de resarcir a los usuarios por los daños causados. También muchas veces puede traer aparejada responsabilidad penal, y/o administrativa, dando lugar a modo de ejemplo, a la aplicación de multas, o suspensión de autorizaciones comerciales de diversa índole.

¿Qué sucede en nuestro país?

En Uruguay, la Ley Nº 17.250 sobre Relaciones de consumo y Defensa del consumidor, en su artículo 11 establece: “Los proveedores de productos … que, posteriormente a la introducción de los mismos en el mercado, tomen conocimiento de su nocividad o peligrosidad, deberán comunicar inmediatamente tal circunstancia a las autoridades competentes y a los consumidores. En este último caso, la comunicación se cumplirá mediante anuncios publicitarios”.

Sin embargo, actualmente no hay una regulación que establezca el procedimiento específico a seguirse, ni existe sanción alguna prevista para el caso de que las empresas no realicen estas advertencias.

El área de Defensa del Consumidor (Ministerio de Economía y Finanzas), establece en su página web (http://consumidor.mef.gub.uy/313/9/areas/recall_alertas.html) un espacio en el cual se detallan las Recalls realizadas en nuestro país por parte de empresas que voluntariamente han decidido informar por dicho medio defectos encontrados. Sin embargo, la falta de reglamentación referida determina que ello no sea la práctica mayoritaria.

Por lo anterior, actualmente las autoridades nacionales están estudiando un proyecto para lograr efectivamente una regulación exhaustiva de las Recalls, a través de la reglamentación del artículo 11 de la Ley de Defensa del Consumidor. Se espera que el contenido del mismo se asemeje a la Regulación realizada en Brasil en su Código de Defensa del Consumidor. En éste, se exige la identificación precisa del proveedor, y una campaña de difusión adecuada que garantice la comunicación y comprensión lectiva, directa con los compradores o mediante aviso por medio del sitio electrónico de cada empresa; y también indirecta a efectos de comunicar a la sociedad en general. Para la identificación del producto se solicita marca, modelo, serie, lote, fecha de fabricación y fotografía; y sobre el desperfecto específicamente se exige otorgar toda la información necesaria para el esclarecimiento del peligro y la fecha en que se tomó conocimiento del mismo. Del mismo modo, en el caso de haberse registrado accidentes, se exige la inclusión del alcance de los daños causados.

Reflexión final

Atendiendo a la futura reglamentación y sin perjuicio del contenido concreto del proyecto pendiente de aprobación, destacamos la importancia de que las empresas cuenten con “reglas de juego” claras, exponiendo las alternativas con las que contaran para poder dar cumplimiento a la obligación de informar, pudiendo solucionar los imprevistos de una manera técnica y eficaz, evitando así costos innecesarios tanto de contenido económico como social.

Junio, 2016. 

Dra. Nadia Silva
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